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La ley SB-4 de Texas permanece en un estado de incertidumbre legal, y estas son las razones…

La Suprema Corte de los EE. UU. permitió brevemente la aplicación de la ley por varias horas, pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó su entrada en vigor más tarde ese mismo día.

En resumen, la Ley del Senado 4 (abreviada SB-4) es una respuesta del gobierno de Texas a las políticas de inmigración de la administración del presidente Biden, especialmente a la falta de acción del gobierno federal para controlar el flujo migratorio en los últimos años. Texas argumentó que esta ley permitiría que agentes de policía estatales y locales arresten a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, y que los jueces estatales emitan órdenes de deportación.

Después de recibir una orden de extradición, los individuos serán entregados a las autoridades federales para iniciar el proceso de deportación, según informa la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés). Esto implica que serán los funcionarios federales quienes determinarán si estos detenidos pueden permanecer en los EE. UU. durante las audiencias judiciales de inmigración o si serán deportados.

No obstante, más allá del contenido literal de esta ley, se encuentra su verdadero propósito. La SB-4 facultará a agentes sin capacitación específica para supervisar la aplicación de las leyes de inmigración. Esto les otorga discreción para detener a personas que se sospecha que no son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes indocumentados. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo deciden a quién detener? ¿No implica esto un potencial perfil racial?

Según la Asociación de Abogados Estadounidenses (ABA, por sus siglas en inglés), un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh proporciona una de las mejores definiciones de perfil racial: se refiere al uso de la raza, etnia, origen nacional o apariencia religiosa por parte de la policía al decidir detener, interrogar, registrar u llevar a cabo otras prácticas policiales.

Esta ley permite a jueces estatales emitir órdenes de deportación a personas detenidas, aunque carecen de formación en derecho de inmigración y autoridad para aplicar estas leyes. Quienes no cumplan con estas órdenes podrían enfrentar cargos estatales con penas de prisión de 2 a 20 años. Esto plantea problemas dado que la ley de inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal. El procurador general de Texas, Aaron Nielson, admitió durante una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. que la ley podría haberse extralimitado. Propuso que, en lugar de descartar toda la ley, se eliminen solo las partes consideradas inválidas.

México ha expresado su firme oposición al proyecto de ley SB-4 de Texas mediante una objeción oficial. La ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, ha declarado que México no aceptará la repatriación de migrantes bajo esta ley, esto incluye a los mexicanos residentes en Texas que podrían enfrentar discriminación y estigmatización. Aunque reconoce la importancia de la colaboración entre Estados Unidos y México en materia migratoria, considera que esta ley no ofrece una solución adecuada ni a largo plazo para el problema.

Patricia Mendoza, abogada del bufete legal Gondim Law Corp, afirma que “si México no permite que estos migrantes permanezcan en su país, será responsabilidad de Estados Unidos reubicarlos. En la actualidad, la ley SB-4 no puede aplicarse debido a la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de mantenerla bloqueada mientras se resuelve el caso. La resolución final del tribunal es incierta y es difícil prever cuánto tiempo tomará llegar a una decisión. Sin embargo, independientemente de la decisión de la Corte de Apelaciones, es probable que Texas eleve el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Por ahora, la ley no está en vigor”.

Por Patricia Mendoza

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